El autor recrea el agotamiento del felipismo a cuenta del culebrón de las cuentas de la Expo, que lejos de los anunciados 18.000 millones de pesetas de beneficio se habían producido unas pérdidas de 121.545 millones

Nadie escribe un libro sin motivo. El de ‘Y parece que fue ayer’ es muy simple: llevo algún tiempo acumulando recuerdos de mis variadas experiencias, entre las que las parlamentarias se acercan a la veintena de años y que, aún inacabadas, rondan los mil folios. Esto me ha llevado a descargar los de unos años (centrados entre el 93 y el 96; o sea, como explica su subtítulo: en «el agotamiento de la legislatura del cambio»). La última pues de Felipe González, tras un notable protagonismo durante catorce años, hoy de mejorado recuerdo gracias a la obligada comparación con el llamado sanchismo. Y ¿por qué precisamente esta? Algo dice la solapa: «sensación de fin de ciclo, ramalazos de corrupción, altos cargos procesados e incluso en la cárcel, amagos de colonización de las instituciones…».

Por entonces yo terminaba mi segunda legislatura, tras debutar con el PDP de Alzaga e incluirme en el naciente PP. Una tarde, en plenas navidades, sucedió algo insólito: Aznar me llamó a casa por teléfono. Me animaba a que asumiera el control parlamentario de la recién consumada Expo, de sus cuentas y, como acabaría siendo inevitable, de sus cuentos. Quizá le habían llegado noticias de que yo me había ocupado ya del asunto por propia iniciativa. Porque –es uno de los motivos del libro– los diputados la tienen, sin perjuicio de lo que le encarguen en su grupo; si se empeñan en atarearse, en vez de cumplir el manido papel de darle a un botón. Esas iniciativas no eran anómalas. No en vano cuando abandoné mi cómoda independencia política, solo puse una condición. Haría pública mi afiliación ante los medios un 28 de febrero, para que nunca olvidara que nada que tuviera que ver con Andalucía podía parecerme ajeno.

No extraño pues que medio libro tenga que ver con la Expo de mi Sevilla natal, aunque tampoco falten ajetreos sobre problemas de educación, universidad e investigación científica. Había tenido ya unos primeros contactos, dentro del programa ‘Parlamentarios y empresa’ del Congreso, de la mano de IBM. Recuerdo también una visita, aprovechando mis previas académicas andanzas alemanas, acompañando a parlamentarios de ese país.

No faltó la pregunta del millón, por no decir de los millones: qué finalidad pensaba darse a cada uno de los nacientes edificios. Ellos pensaban hacer algo parecido en Hannover y esa respuesta les parecía clave para justificar la carretada de millones ya visiblemente en marcha. Como mentir está feo, solo pude contestar que había edificios con propósito de permanencia, junto a una mayoría previsiblemente efímera y que la infraestructura permitiría un uso productivo.

Esto contactos previos me permitieron conectar con el equipo del profesor Olivencia, al que había encargado la gestión Felipe, alumno suyo en la Hispalense, un año antes que yo. Hombre serio, planteó un control riguroso del torrente dinerario circulante. Puso, por ejemplo, pegas a una empresa –Telemundi– que recibiría un porcentaje de toda la contratación suscitada en el evento, aunque no la hubiera promovido. En su consejo de administración coincidían ejecutivos de la naciente Viajes Ceres, pronto relacionada con el PSOE, con otros miembros que lucían linajudos apellidos. Surgieron tensiones y una pretendida incompatibilidad entre control y eficacia, y Olivencia acabó desplazado a empellones; aunque solo sea por el apellido de su sucesor, del que fui incesante interlocutor en comparecencias inmortalizadas en el Diario de Sesiones del Congreso.

A punto ya de comenzar los fastos, uno de los pabellones fundamentales, el de Los Descubrimientos, ardió como una tea, a pesar que se había presumido de utilizar materiales ignífugos. Esto dio pie a debates, rondando lo cómico, con un Pellón, al que mi colega académico Virgilio Zapatero, en su condición de ministro, intentaba brindar cobertura.

El culebrón de las cuentas de la Expo no es de fácil resumen. Mis intentos de lograr informes al respecto tropezaban con toda suerte de martingalas. Me interesé por el costo de determinadas actividades y se me llegó a enviar cajas de fotocopias de sus ecos en prensa, pero en el listado de las empresas se ocultaba en el margen derecho su costo. El Gobierno no cumplía ni por asomo los plazos de respuesta previstos en el Reglamento del Congreso, ni solicitaba la obligada prórroga. Pedí el presupuesto de la cabalgata que amenizaba a los visitantes y me dijeron que había que esperar a que finalizara la fiesta; inventando así un nuevo factor contable: el postsupuesto.

Lo que acabó convirtiéndose en centro de atención de la brega parlamentaria fue una máquina: el Archivo Óptico, de los tiempos de Olivencia, destinado a albergar, sin posible manipulación, todo documento relativo a gestión de la Expo. Había costado un riñón y, en teoría, era el testimonio clave de la limpieza de la gestión. No a todos entusiasmaba. Se estropeó, pero pudo recuperarse. La tarea de control parlamentario pos-Expo duró cinco años. El archivo volvió a fallar y hubo resistencia a recuperarlo. Acabó superándose. Tuve así oportunidad de satisfacer mi más lacerante intranquilidad. ¿Estaban en él los papeles de Telemundi? La respuesta llegó al final y fue negativa…

No faltaron síntomas de colonización de instituciones. Un decreto había previsto que, finalizada la Expo, se enviaría el resultado al Tribunal de Cuentas. Inesperadamente se convirtió en papel mojado y se crean una empresa, que se encargaría de convertir en realidad los presuntos activos. Se ve que no fue fácil encontrar quien asumiera fiablemente la tarea, pues se trasladó a funcionarios del propio Tribunal que luego habría de resolver al respecto. Realmente sorprendente.

El flamante presidente de Agesa no encajó muy bien mi labor. Para ser más exacto; me planteó una querella criminal. Para darle más emoción al asunto se le traspapeló entre sus escritos un fax del mismísimo Pérez Rubalcaba, al que tuve que hacer una pregunta oral en el Pleno, para que aclarase que si se dedicaba a documentar a ciudadanos para que pleitearan contra diputados díscolos. El asunto acabó sobreseído en el Supremo; afortunadamente entonces también había jueces en España, aunque el trago no resultó agradable.

Al fin, ya en 1997, el nuevo presidente de Agesa, Betés de Toro, convirtió los cuentos en cuentas y calibró, que lejos de los anunciados 18.000 millones de pesetas de beneficio, se habían producido por entonces unas pérdidas de 121.545 millones. Esto da idea de lo que puede lograr el control parlamentario, pero es justo reconocer que me habría difícil soportar como diputado esta brega sin el apoyo de medios como ABC, que siguió durante años este asunto, rivalizando en consecuencia –en las notas a pie de página del libro– con el Diario de Sesiones. La cosa como son. Andrés Ollero es miembro de Real Academia de Ciencias Morales y Políticas