«Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada;
la alcanza cuando, además de ser válida en su forma,
puede comparecer ante la dignidad de la persona y
salir de ese examen sin avergonzarse».
León XIV

La noticia de que el papa León XIV había aceptado, en su visita a España, la invitación recibida –y es fácil imaginar que sugerida– a dirigirse a los parlamentarios españoles me produjo más satisfacción que sorpresa; no en vano su antecesor Benedicto XVI había hecho en su día lo propio ante el Bundestag, logrando que los Verdes se rompieran las manos aplaudiendo. Un ejemplo de normalidad.

Han sido entre nosotros pintorescos –por minoritarios– los reparos suscitados ante tal acontecimiento, aunque significativos de que el graduado escolar no proporciona un adecuado conocimiento de nuestra Constitución. Hubo, por ejemplo, quien elucubró si la visita era la de alguien tratado como Jefe de Estado o como líder religioso, lo que –en el primer caso– habría convertido en inadecuado permitirse recordar que «la dignidad inviolable de la persona humana» no es fruto de una «concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento», sino que «pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir»; lo que no parece ser compartido por buena parte de su –por entonces silente– auditorio.

La verdad es que cuando un Jefe de Estado sube a la tribuna del hemiciclo, para dirigirse en español a sus miembros, expone sus personales preocupaciones sobre problemas comunes de dimensión internacional. No otra cosa hizo el pontífice, mostrando su preocupación por «la vida humana», aunque no perdió la ocasión de resaltar que no lo hacía como líder religioso, sino por entender que su defensa «no es una cuestión parcial ni un interés confesional» sino «una meta de civilización». O sea que, más que para brindar patente de piadoso, es muestra irrebatible de no estar dispuesto a comportarse como un salvaje.

Es absolutamente cierto que el artículo 16. 3 de nuestra Constitución afirma que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Quizá fue esto lo que llevó a un peculiar catedrático catalán, convencido probablemente de que la masonería goza de la gran eficacia que le atribuyen los conspiranoicos, a la infeliz idea de plantear, con el éxito bien conocido, un boicot a la presencia del Papa en dicho territorio español. Claro que los artículos hay que leerlos enteros y el mismo epígrafe continúa: «los poderes públicos», incluido lógicamente el legislativo, «tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española»; lo que significa que en modo alguno al Papa esté prohibido invitarlo, porque tales creencias han de tenerse en cuenta, pero no precisamente para boicotearlas, sino para mantener con las diversas confesiones «relaciones de cooperación».

Por otra parte, si seguimos con el mismo artículo, no sugiere igualitarismo alguno, que convierta presencia del pontífice en privilegio, sino que han de llevarse a cabo unas relaciones de cooperación «consiguientes» a la efectiva presencia de las aludidas creencias. Por si fuera poco, la Constitución alude explícitamente a «la Iglesia Católica» y de modo genérico a «las demás confesiones».

Los conocedores de la génesis constitucional, saben que esto implicó una enmienda al anteproyecto, que no incluía tal referencia explícita, El cambio fue provocado por Santiago Carrillo, como fruto de sus consolidada política de reconciliación nacional. Se ve que los tratadistas hablan mucho del amor de Dios, pero –por lo que se ve– tampoco faltan muestras del humor de Dios, que cualquier creyente será capaz de detectar en su entorno a poco que espabile. Al Papa no pareció preocuparle que se lo pudiera emparentar con Carrillo, ya que propuso a los parlamentarios «una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación».

Queda, por tanto, descartado constitucionalmente cualquier amago de laicismo, como el del fantasioso catedrático. León XIV demostró conocer mejor nuestra Constitución, cuando afirmó: «La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública».

No dudó en recordar, enlazando con León XIII, que «la libertad moderna ha sido preparada también por una larga educación de la conciencia, profundamente marcada por la tradición cristiana». Tampoco se ahorró un consejo final. No basta con decir que la política es el arte de lo posible; hay que «hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos».