«No cabe hablar de responsabilidades,
sino simple y llanamente de irresponsabilidad»
Virgilio Zapatero
Reconozco que simpatizo, sin duda por mi biografía, con las figuras del mundo universitario, que tras dedicar años a la vida pública, renuncian a olvidarla, para –desde columnas de opinión– seguir aportando algo al procomún. Tal es el caso de quien firma como Rector emérito de universidad, prefiriendo dejar entre paréntesis sus años de ministro.
No es único caso, Manuel Cruz, con pública experiencia de presidente del Senado, se ofrece con frecuencia –para bien de sus lectores, entre los que me incluyo– a ser leído, antes que olvidado. Si a Virgilio le animó a escribir la calamidad generada por políticos en Ceuta, Cruz se muestra conmocionado también por las andanzas joyeras del otro Zapatero.
Unas decenas de páginas sobre responsabilidades publiqué, siendo diputado, en la última legislatura de González; a la que he dedicado mi reciente libro ‘Y parece que fue ayer’. Me quejaba en aquella ocasión –con ministros en la cárcel– de los políticos que consideran que solo deben responder de algo cuando la Guardia Civil los coloca ante un juez. Son ese tipo de políticos los que en realidad judicializan la política. Cuando le han preguntado, en estos días, a González si estima que el actual Gobierno debe asumir responsabilidades, no se ha ido por las ramas: «no lo he visto nunca asumirlas». Cruz resume también la situación de esos políticos con claridad: «mientras no se me pueda acusar de ningún delito, no tengo por qué responder de nada».
Como, al parecer, lo importante es el relato, intentan blindarse tras el burladero de la lawfare, pese a que la guerra contra el control jurídico la protagonizan en realidad ellos; cuando para el magistrado Marlaska lo de Ceuta son «cosas que pasan», sobre que las nadie tiene ni plantearse responder. Sánchez lo castigó a quedarse cuatro días allí, pero desapareció horas después, aunque –menos mal– no rumbo a La Mareta.
No ha quedado mejor, y bien que lo siento, la magistrada Robles, que ha preferido limitarse a la hazaña de aplaudir con desgana en el hemiciclo o permanecer sentada, mientras todo su entorno se erguía –standing ovation– para manifestar al puto amo su fidelidad. Como si asumir la responsabilidad solidaria de los miembros del Gobierno para dar salida a decisiones, obviamente colegiadas, que de él derivan, se pudiera solventar actuando como eso que llaman un «verso suelto». Como si estuviéramos hablando de poesía y no de responsabilidad.
Pero, para lawfare la de la fiscala Puente, que ha batido todos los récords. En un simpático homenaje a la división de poderes, ha considerado oportuno –es de suponer que por sus pistolas– modificar sin despeinarse, desde un segundo nivel del Ejecutivo, una ley aprobada por el Legislativo. Donde la ley ofrece nacionalidad a los descendientes de exiliados con motivo de la guerra civil, le ha sabido a poco y la ha extendido –por sí y ante sí– a nietos y biznietos de cualquier español que haya voluntariamente buscado abrigo más acogedor en las Américas o cualquier rincón del mundo. Con derecho, no solo a votar, sino a hacerlo a la carta donde le apetezca. Entre susurros de pucherazo, la única responsabilidad que parece haber asumido es la de ser hermana de su hermano.
La judicialización de la política así provocada permite perpetuarse en el confortable sillón del poder, y –dado que suele ser lo penal lo que acaba rondando– abre incluso posibilidades de grandiosos desagravios, porque no todas las conductas que merecen rotundo reproche social abren la puerta de la trena. Con lo que, al final, no cabe descartar que al irresponsable de turno haya que organizarle un homenaje. No pensaban así ni Willy Brandt, ni Asunción, ni Costa, sin salir del ámbito socialista. Andrés Ollero Tássara
