La constante tentación del poder consiste en anular los contrapesos y equilibrios para evitar que «el poder (judicial) controle al poder (ejecutivo)».
En las reuniones entre el Gobierno y la oposición para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, subyace el principio político de la división de poderes de Montesquieu. Sería deseable que en el metro y el autobús se hablara de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como de forma interesada indica la ministra de Justicia, porque de la elección de sus veinte vocales dependerá la configuración del Tribunal Supremo (TS), el Tribunal Constitucional (TC), la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia. Así, en el TC, supremo intérprete de la Constitución, se ventilan recursos de inconstitucionalidad como la ley del aborto (está pendiente de dictarse sentencia desde 2010), la ley de la eutanasia, la de educación diferenciada o la de exclusión del castellano como lengua vehicular. En la negociación por activar el CGPJ, los dos interlocutores realizan cambalaches para conseguir apoyos de gobierno a cambio de un vocal; uno con comunistas y nacionalistas catalanes y otro con nacionalistas vascos. La exigencia más importante de los jueces —cada uno con sus propias ideas— radica en su independencia: únicamente han de estar sometidos al imperio de la ley. La constante tentación del poder consiste en anular los contrapesos y equilibrios para evitar que «el poder (judicial) controle al poder (ejecutivo)». De los jueces se debería decir lo mismo que de la mujer del Cesar, que además de ser buenos, han de parecerlo. Es ilustrativo el libro ‘Votos particulares’ (Editorial Tirant lo Blanch) del catedrático de Filosofía del Derecho, Andrés Ollero, a quien tuve de profesor en primero y quinto de Derecho en Granada; más conocido por los nueve años de magistrado del TC. Presenta opiniones divergentes, argumentadas y discutibles, como las dictadas a favor de la constitucionalidad de los decretos del estado de alarma por la crisis sanitaria. Es llamativo cómo en 69 ocasiones ha discrepado jurídicamente tanto de la posición de la mayoría conservadora como de la progresista, a partes iguales, como muestra de su independencia. Por el contrario, fue célebre la frase del entonces fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que ahora se postula para presidir el TC, en referencia al alto el fuego de ETA: «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino»; que suena a la interpretación jurídica del uso alternativo del derecho. Más elocuentes son las reflexiones de uno de los siete ‘padres constituyentes’, Gregorio Peces-Barba, en torno a la discusión en el Congreso del artículo 15 de la Constitución: «Desengáñense sus señorías. Todo depende de la fuerza que está detrás del poder político y de la interpretación de las leyes. Si hay un TC y una mayoría política proabortista, ‘todos’ permitirá una ley del aborto; y si hay un TC y una mayoría antiabortista, ‘personas’ impedirá una ley del aborto». De ahí la importancia de encontrar el sistema más equitativo para designar a quienes nombrarán a los juzgadores de las más elevadas instancias.
El artículo 122.3 de la Constitución establece que, de los 20 miembros del CGPJ, 12 serán seleccionados entre jueces y magistrados, según establezca una ley orgánica; el resto, 4 serán designados por el Congreso y otros 4 por el Senado, por mayoría cualificada, entre juristas de reconocida competencia. En el primer modelo de 1980 se dispuso que los jueces elegirían a sus representantes. Sin embargo, en 1985 se cambió el sistema para que fueran elegidos por el Congreso y el Senado; con razón Alfonso Guerra proclamó: «Montesquieu ha muerto». En 2001 se ideó un modelo mixto: los jueces presentaban a 36 candidatos que luego seleccionaban las Cámaras. La reforma del ministro Ruiz Gallardón de 2013 pretendía volver al sistema primigenio, pero se retractó. En 2020 el partido Ciudadanos propuso retomar sin éxito el modelo inicial. El comisario de Justicia, Reynders, exige la renovación del CGPJ si España pretende asumir la Presidencia de la UE. El desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces afectará a la composición del TC con 7-8 magistrados ‘progresistas’ y 4-5 ‘conservadores’; de ahí las prisas gubernamentales. Este funcionamiento del CGPJ se ha de realizar preservando la independencia; si no —como mal menor— será preferible permanecer en la situación actual. Después de 37 años de politización de la justicia por el PPSOE, comprobaremos si están dispuestos a resucitar a Montesquieu.
