Andrés Ollero (Sevilla, 1944) es el secretario general del Instituto de España, el órgano que integra a las Reales Academias del país. A esta cumbre académica y social llega avalado por mucha mili: es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, fue diputado nacional del Partido Popular entre 1983 y 2003, y ha sido magistrado del Tribunal Constitucional entre 2012 y 2021.

Su biografía es, también, su bibliografía. Entre los numerosos libros destilados de su pluma, algunos hablan de derechos humanos, de discriminación, de igualdad, de universidad. Unos cuantos versan sobre fe y sociedad, Iglesia y mundo, religión y poder, laicismo y laicidad. Hace unos meses ha dado a luz otra obra sobre ese camino de cruces o ese cruce de caminos titulado Laicismo: sociedad neutralizada (Digital Reasons). El libro “incluye una serie de artículos sobre el fundamento jurídico de la laicidad como valor positivo frente al laicismo, pues garantiza el libre ejercicio de los derechos fundamentales para quienes profesan públicamente sus convicciones religiosas”. En esa harina hemos venido a meternos mirando de frente al mar del verano.

Sus esperadas memorias jurídicas –La justicia en el escaparate– están a punto de salir de la imprenta. Entonces, Ollero pasará unos meses en la vitrina de la opinión pública, porque la justicia está, también, entre la infección política, la saturación ideológica, la desigualdad social, el romanticismo, la jurisprudencia, los mosqueteros, el populismo, y el abusar y tirar.

Mientras humean las máquinas, nos centramos en el equilibrio de otra balanza: el derecho a la libertad de religión en el contexto de las sociedades occidentales contemporáneas. Minorías, armarios, tolerancia, leyes-torpedo, frivoleo constitucional, libertad, caza de brujas, argumentos, fe, esencias, altares y catacumbas.

Siglo XXI en punto. Vademécum de derecho y filosofía del derecho en vena. Con una cierta ironía granadina –aprendida en su etapa universitaria– y la experiencia de los años, conversamos con un universitario crónico que fue político siendo jurista.

— Acaba de publicar Laicismo: sociedad neutralizada. En Estados aconfesionales, ¿el laicismo es una injusticia, una intolerancia, un atropello o una respuesta lógica de las mayorías democráticas que han relegado a Dios al plano de la intimidad?

— Para el prestigioso pensador agnóstico Jürgen Habermas, el laicismo es una clara contradicción en cualquier Estado liberal, que es como él califica a los democráticos. Obliga a los creyentes a traducir en términos agnósticos sus propuestas, mientras que los laicistas convierten las suyas, por decreto, en expresión del sentido común. Presentan como neutralidad lo que es una neutralizadora respuesta negativa al papel de lo religioso en el ámbito público. Por eso, partiendo de esa secularización malentendida, postula una sociedad post-secular, que supere esa asimetría.

— ¿Cómo sería esa sociedad post-secular y qué posibilidades existen de que sea viable en un país como España?

— Según el mismo autor, se trata de un problema de doble aprendizaje. Mientras unos se han prestado a aprender a razonar, los otros optan por despreciar al interlocutor, y eso es pura asimetría. De ahí la importancia de saberse capaz de razonar y la responsabilidad de estar en condiciones de hacerlo.

— Habla usted de “laicidad positiva” como paradigma de la convivencia democrática, pero no es ese el espíritu de las decisiones de los poderes contemporáneos. El derecho fundamental a la libertad religiosa ya se percibe como “un favor” que me presta el Estado si no me relega a las catacumbas.

— No soy yo el que habla de laicidad positiva, sino el Tribunal Constitucional español que, interpretando el artículo 16.3 de nuestra Constitución [“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”], se desmarca de una laicidad negativa. Lejos de suscribir una separación entre los poderes públicos y lo religioso, como si se tratara de un producto tóxico, impone una obligada “cooperación”, con una dimensión prestacional que ha de ser “consiguiente” a las creencias presentes, de hecho, en la sociedad española.

“El laicismo es una clara contradicción en cualquier Estado liberal, porque obliga a los creyentes a traducir en términos agnósticos sus propuestas, mientras que los laicistas convierten las suyas en expresión del sentido común”

— Está de acuerdo con que el Estado sea laico, pero no con que “el fundamentalismo increyente” sea la corriente. ¿La discriminación por motivos de religión se ha normalizado en las democracias occidentales?

— El norteamericano John Rawls, ajeno a todo planteamiento católico, considera lo más normal del mundo que un magisterio religioso de cualquier signo se haga presente en una sociedad democrática, ya que –partiendo de la libertad de religión y de culto– eso significa que se respeta que cada cual se imponga las convicciones que considere más válidas.

El artículo 16.2 de nuestra Constitución [“Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”] rechaza que se obligue a cualquier ciudadano a manifestar sus convicciones ideológicas o religiosas. Con ello prohíbe toda caza de brujas que pretenda vetar propuestas en el ámbito público por su posible relación con confesiones religiosas.

— Ese artículo 16.2 de la Constitución no se respeta en España. Aquí se castiga con la etiqueta de oscurantista a quien no explique sus creencias religiosas antes de aspirar a un cargo público, por ejemplo. Al menos, así lo juzgan cada vez más muchos medios de comunicación.

— Tampoco se respeta cuando algún ciudadano defiende a un no nacido y se “argumenta” que lo hace por ser católico. La denominación de origen está bien para prestigiar el vino, pero cuando se utiliza para no molestarse en razonar trasluce, en el que se acoge a ese burladero, una nula capacidad de diálogo, fruto, quizá, de un tácito complejo de inferioridad.

— ¿Qué pasa con el recurso contra la ley del aborto en España y por qué el Tribunal Constitucional lo ha frenado intencionadamente?

— Veintiocho magistrados han tenido en su mano propiciar la sentencia: doce durante dos años, casi otros doce hasta nueve, y cuatro han superado el medio año. Creo que en muchos ha habido más pasividad que otra cosa. En Estados Unidos han tardado cuarenta años en rectificar una sentencia. Aquí se trataba de si había que rectificar la de 1985. Se ve que, para más de uno, se estará o no a favor de aborto, pronunciarse no parece agradable.

— ¿Cuál es su lectura sobre la derogación del “derecho al aborto” por parte del Supremo de Estados Unidos?

— Me siento heredero de los abolicionistas que rechazaron la esclavitud, así que, lógicamente, me ha alegrado. Dejar claro que no hay un derecho constitucional al aborto es una buena noticia, aunque –para calibrar la incidencia práctica– habrá que aguardar a las estadísticas.

— En este momento concreto de esta sociedad española específica, yo no percibo que ningún poder público impida mi libertad de culto. En todo caso, noto más una autocensura a mostrar en público la fe, pero no porque el Estado me reprima, sino por miedo a que me castigue la opinión pública real o virtual.

— En efecto, ante la acusación de que se pretenden imponer las propias convicciones, abunda un cierto laicismo autoasumido. El derecho es un mínimo ético exigido por la convivencia en todas las sociedades democráticas, que impone determinadas normas a los que no estén convencidos de lo razonable de su contenido. La delimitación de ese mínimo ético ha de ser fruto de un diálogo democrático en condiciones de igualdad.

Habermas constata que los cristianos han aprendido a dialogar con la modernidad y echa en falta un aprendizaje similar en unos laicistas que tratan a lo religioso como irracional. Su experiencia sobre la degradación experimentada en el ámbito bioético le lleva a confiar en que “las grandes religiones mundiales” aporten razones al debate público, convencido de que de Wall Street no van a llegar los impulsos necesarios al respecto.

— “Lo religioso, como irracional”, dice. El populismo, como democracia. La libertad religiosa, como proselitismo exhibicionista. El comunismo antihumano y el terrorismo ideológico, en los Parlamentos. ¿Qué pasa?

— Que hay más silencios de los que un sistema democrático puede soportar.

— Llama la atención que en un tiempo en el que la libertad y la igualdad son el mensaje y el contenido, el fundamentalismo increyente se convierta, con aparente naturalidad, en la tónica de los poderes públicos y el discurso mayoritario.

— A mí no me parece nada natural. Más bien puede ser fruto de una absurda inhibición de quienes no entienden algo tan elemental como que, si el derecho impone normas de conducta, te acabas autoimponiendo las del vecino si no argumentas en favor de las tuyas. En una democracia no se puede mandar a nadie a las catacumbas. Un asunto distinto es que alguno que otro se encuentre más cómodo en ellas…

— La respuesta de los poderes públicos y el discurso mayoritario choca frontalmente con el artículo 9.2 de la Constitución Española: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Aunque también es cierto que elude el ámbito religioso…

— No lo elude, porque lo sabe presente en artículos como el 16 o el 27.3 [“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”]. El artículo 9.2 está pensado para favorecer una función promocional del derecho en beneficio de minorías históricamente discriminadas. No puede poner en cuestión la lógica igualdad exigida por el pluralismo como valor superior del ordenamiento. No cabe apoyarse en este artículo para alterar los apoyos sociales a partidos políticos, favoreciendo a los minoritarios, ni apoyar movimientos culturales estrafalarios, ni es lógico recurrir a él para tratar a grupos religiosos sin auténtico arraigo social de modo más favorable que a los que cuenten con el respaldo democrático.

— ¿Algún ejemplo contemporáneo de esas asimetrías?

— Las invocaciones a que en España falta “igualdad religiosa” es un síntoma, quizá, de la preferencia por una “igualdad ideológica” que hace insoportable el predominio de una confesión que la propia Constitución reconoce, por pura sociología.

“Hay más silencios de los que un sistema democrático puede soportar”

— ¿La discriminación por razón de religión sucede en España cada vez más?

— Claro. Es más, estamos en un momento en el que expresar el propio código moral se entiende como una agresión. Yo respeto los modos de vivir que estén bajo los parámetros de la Constitución, y tengo derecho a decir lo que me parece en ese mismo marco sin que se interprete como una fobia o un delito de odio. Es, simplemente, libertad de expresión. La ideología wokerefleja que estamos muy colonizados, mucho más de lo que pensamos. Como decía Rocío Jurado, todo eso nos está llegando como una ola… Y la gente se deja ahogar, por lo visto…

— ¿Cuál debe ser la respuesta proporcionada de un ciudadano que siente que un país desarrolla una política que avasalla su libertad de religión, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza?

— Obviamente, ejercer como ciudadano, obligando a que se respeten sus derechos. Las libertades de religión o de enseñanza son derechos fundamentales y no concesiones graciosas de los que ocupan transitoriamente poderes públicos. Un creyente demócrata no puede tolerar que lo traten con una tolerancia presuntamente generosa.

— Ningún fiel de ningún credo debe conformarse, entonces, con la tolerancia.

Los derechos son una cuestión de justicia: dar a cada uno lo que es suyo. La tolerancia es conceder a alguien algo que no es suyo ni, por tanto, jurídicamente exigible.

— Normalmente, detrás de un “anti” hay algún motivo, aunque no sea desproporcionado. ¿Usted cree que los católicos han perdido voz en el discurso público porque no han sido capaces de ganarse el cariño con su ejemplaridad?

— Conozco a muchos católicos ejemplares que no se han mostrado mudos. Los he encontrado en la Universidad, en el Congreso de los Diputados, en el Tribunal Constitucional y en las Reales Academias. Quizá no se hable de ellos todo lo que sería razonable, salvo cuando se mueren.

— ¿Entonces la opinión pública sobre los católicos está envenenada?

— Pienso más bien en un déficit de reconocimiento: un miedo autolaicista a resaltar a quien lo merece.

— ¿Por qué parece que hablar de Dios en la plaza pública española es ofensivo?

Tampoco creo que sea ofensivo, yo creo que vamos progresando. Los laicistas han pasado de “la religión es el opio del pueblo” a “la religión es el tabaco del pueblo”: fume usted poquito y en su casa. Así estamos. Pero, sí, a veces fumar resulta ofensivo…

— ¿La jerarquía de la Iglesia católica se ha ganado el cariño y el respeto de quienes no comulgan con la doctrina que defiende?

— La jerarquía está para ilustrar a sus fieles y proporcionarles la ayuda pastoral a la que tienen derecho, pero pretender que se erija en protagonista decisiva del debate público es puro clericalismo, provenga de pastores dados al mangoneo o de laicos acomplejados.

— Al final, los miembros de la jerarquía son los interlocutores ante un Estado laico y los portavoces públicos de la Iglesia católica.

— Los interlocutores de los que ejercen poderes públicos en un Estado democrático son los ciudadanos, que no han ampararse en tutores, aunque agradezcan personalmente sus consejos.

— ¿Hay alguna relación entre populismo y laicismo?

— Si entendemos el populismo como la sustitución del razonamiento público por relatos sentimentales de escasa solidez o por rendirse a lo políticamente correcto, tendrían bastante que ver. Por el contrario, me parece que la religiosidad popular que en tantas ocasiones he experimentado, por ejemplo, en Andalucía, es una muestra elocuente de salud democrática y de laicidad.

— Europa está en una encrucijada de principios desde hace años. Por un lado, perviven sus raíces cristianas, y, por otro, su empeño institucional en apostolar un ateísmo colectivizante para no dañar a las minorías con recomendaciones, como aquella del Consejo de Europa de felicitar “las fiestas”, en vez de la Navidad. ¿Hay algo más ajeno a la laicidad que convertir el laicismo en una religión civil?

— El derecho a decir tonterías forma parte de las libertades democráticas. Se confía siempre en que no faltarán quienes argumenten al respecto, evitando que se conviertan en oráculos indiscutibles. Desde luego, convertir el laicismo en obligada confesión civil es una de esas tonterías.

“Las libertades de religión o de enseñanza son derechos fundamentales, no concesiones graciosas de los poderes públicos. Un creyente demócrata no puede tolerar que lo traten con una tolerancia presuntamente generosa”

— Alerta usted de un “clericalismo ideológico” y de un “confesionalismo laicista”. ¿Los dogmas contemporáneos nacen en los Parlamentos?

— Después de haber estado más de diecisiete años en el Parlamento español, tengo muy buena opinión de sus tareas. Luego está el metaparlamento de los medios de comunicación, tan decisivo para una democracia real, e incluso el tertulieo y las famosas redes, a las que quizá se les da más importancia de lo razonable.

— Es decir, su experiencia es que la política interviene menos de lo que parece en el condicionamiento sobre la libertad religiosa.

— La inhibición de los creyentes es también política; mala política.

— ¿Las instituciones judiciales están listas para la batalla entre el laicismo oficial y los derechos de las conciencias individuales? Por ejemplo: la objeción de conciencia es un derecho que se repliega por la vía de los hechos.

— No doy por existente un laicismo oficial, aunque no falte quien lo desee o lo eche en falta. La objeción de conciencia es un derecho fundamental –recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea– frecuentemente malentendido. Lamento que el Tribunal Constitucional español haya renunciado a aclararlo. Algún voto particular he formulado al respecto. Hay quien malentiende la objeción de conciencia como un intento de poner la moral personal por encima de la ley. En realidad, es un derecho de la minoría a que la mayoría –al diseñar el mínimo ético que marca lo jurídico– no la aplaste.

— ¿La religión es obligatoriamente un hecho social? ¿Por qué lo religioso ha dejado de percibirse como algo positivo para la sociedad?

— Cualquiera que haya disfrutado una Semana Santa en Sevilla tendrá dudas sobre el país del que me está hablando. No faltan tampoco en nuestra sociedad muestras sobradas de altruismo, ininteligibles sin raíces religiosas.

— Más allá de la imaginería y las obras de caridad, cuyo aplauso general es evidente, me refiero al prestigio de ser católico activo en España, porque muchas veces se entiende como ser un ultraconservador o un ultraderechista, incluso con las procesiones sevillanas de fondo…

— Los prestigios no suelen ser muy vocingleros, pero no vendría mal alimentarlos, para no generar más asimetrías.