«El intento de control del Poder Judicial es muy antiguo, data de 1985»

El magisrado emérito del Tribunal Constitucional y Secretario General del Instituto de España ha publicadoel libro ‘La Justicia en el Escaparate’

Andrés Ollero Tassara sigue manteniendo esa ironía sevillana que hila fino -sobre todo los Domingos de Ramos en San Juan de la Palma-, una suerte de flema inglesa que le permite exponer las ideas con la templanza y serenidad que dan los años y la vida. Desde el año 2012 y hasta 2021 fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Congreso de los Diputados y actualmente es secretario General del Instituto de España, además de catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.

Una treintena de libros y casi 300 publicaciones dan una idea de la mente inquieta de este filósofo del Derecho y jurista. Y promete no parar de compartir su conocimiento y experiencia. Prepara un nuevo libro con sus más de 60 votos particulares en el Constitucional. «Va a sorprender mucho a quienes me ponen el sello de conservador porque se verá si las sentencias con de las que llaman progresistas o conservadoras»

Su libro más reciente es La Justicia en el escaparate, una obra dividida en dos partes que ha sido presentada recientemente en la sede del Colegio Notarial de Andalucía en Sevilla puesto que es académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia. Por un lado, una relación cronológica que arranca desde la transición y pasa por un tema que está de actualidad: el proceso de elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial. La obra continúa con una segunda parte donde el autor analiza desde un punto de vista filosófico-jurídico el papel del juez en el proceso de positivación del derecho. Un escaparate que mira con «cierta envidia» porque es, según él mismo se define: «un hombre de Universidad». Le gustaría que esta institución formara parte del debate social igual que pasa con la Justicia.

«De ella habla todo el mundo, opinan, la critican, y todo eso está bien porque el debate facilita que vaya mejorando.

Sin embargo, en la Universidad todo pasa y se queda dentro de sus muros y sólo interesa cuando el vástago consigue su plaza para estudiar. Una vez que están dentro, el público en general se olvida de que existe», se lamenta.

Y es que, en los últimos años, el Consejo General del Poder Judicial y las decisiones del Constitucional o del Supremo han pasado a formar parte de las conversaciones de los ciudadanos. A esto contribuye, en gran medida, la politización de la Justicia o la judicialización de la política. 

«Esa situación es un defecto de la política», afirma este filósofo del Derecho que fue diputado en el Congreso desde 1986 a 2003 y magistrado del Tribunal Constitucional de 2012 a 2021.

«Acaban pasando cosas que ponen en duda la confianza del ciudadano en la política y los políticos se enrocan. Al final, acaban acudiendo a un juez. En otros países si un político plagia una tesis, dimite inmediatamente. Aquí no es así. Más que un afán de los jueces por inmiscuirse en temas políticos, se acaba acudiendo a los juzgados para solucionar temas políticos», explica. A pesar de todo, considera que la Justicia es una de las cuestiones «que no necesitan retoques» porque todo se debe «a problemas de interpretación».

Esta continua judicialización ha calado también en la ciudadanía. De hecho España tiene una alta tasa de litigiosidad. «El problema de esto es que se acude a los tribunales para todo y el resultado es que llegan al Tribunal Constitucional unos 7.000recursos, algunos alegando vulneración de la presunción de inocencia por temas como el de alguien a quien acusan de robar en un centro comercial. Estudiar cada recurso que llega lleva mucho tiempo y hay que analizarlo bien aunque al final todo el trabajo lleve a la inadmisión. Para poder inadmitirlo o no hay que leer y mirar mucho».

Uno de esos temas que aún siguen a la espera es el del recurso contra la Ley del aborto. Andrés Ollero fue nombrado ponente del recurso contra esta norma presentada en el año 2010 en el Constitucional. Sobre este punto, recuerda que heredó este encargo de su predecesora, Elisa Pérez Vera, que llegó a entregarle un borrador. Sin embargo, aunque se supone que iba a resolverse en enero, el asunto aún sigue en el Tribunal.

«Hace falta una mayoría de magistrados para las sentencias en el Constitucional y no se ha conseguido nunca en el recurso de la Ley del aborto. Jamás pude conseguir la mayoría necesaria para sacar adelante la sentencia sobre el recurso», explica. Se podría dar la circunstancia de que el recurso de 2010 y los previsibles recursos contra la nueva ley se encuentren en el Tribunal.

La independencia del poder judicial es uno de los temas que más crispación está generando en el ámbito político por el bloqueo que existe a la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Este intento de injerencia o, en cierto modo, de ejercer cierto control sobre la Justicia, es según Ollero » algo muy antiguo que data de 1985″. Es en ese momento cuando se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de vocales de procedencia judicial.»

Al principio todos entendieron que los jueces elegirían a los jueces, incluso el PSOE defendió un sistema de votación en el que preveían hasta las papeletas». La mayoría absoluta socialista cambió el modo y fijó el que se ha mantenido hasta hoy: los 20 vocales los eligen a partes iguales las dos Cámaras. El sistema lo avaló un año después el Constitucional, que advirtió de un riesgo que se ha cumplido: que el CGPJ se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha parlamentaria.

«En el PSOE aprovecharon una enmienda de Bandrés y sobrevaloraron la presencia de las asociaciones de magistrados porque consideraron que haciéndolo de esa manera, estaría más presente la asociación que presumían más cercana a ellos. Y, ahí estamos ahora», recuerda Ollero. «El cambio fue avalado por una sentencia del Constitucional que, desde mi punto de vista, es la peor que ha publicado. Viene a decir que si los vocales judiciales reflejan las fuerzas políticas que hay en el Congreso, es inconstitucional, para después decir lo contrario. Ya el Código Civil dice que el juez aplica la norma de acuerdo con el entorno social en el que están.

Una cuestión semántica

Recuerda el magistrado que en ese momento se produjo una deliberación semántica porque la Constitución señala que los miembros del TC «deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional». En el debate surgió que decía «entre» y no «por», un resquicio que se aprovechó.

Andrés Ollero considera que en este punto, «seguramente habría que retocar la Constitución porque dice cómo elegir a los miembros del Constitucional, pero no qué pasa cuando son designados. Esto lleva a situaciones como la que tenemos. Un CGPJ que lleva tres años en prórroga y una Tribunal Constitucional donde se sacan una ley, que está por encima de la Constitución», dice con ironía, «que señala que el tiempo desde el nombramiento por los grupos parlamentarios, se da por cumplido».

Respecto a los últimos movimientos por parte del Ejecutivo a la hora de nombrar a los magistrados del Constitucional, señala que han existido dos fases. «Una primera como un globo sonda o en modo amenazante donde se iban a nombrar los dos vocales a propuesta del Gobierno y no los dos del CGPJ, algo que es ignorar la Constitución y la segunda fase que está en modificar una ley que recortaba las actuaciones del CGPJ y decir que ahora sí pueden proponer los candidatos del Consejo para el TC, pero siguen sin poder nombrar magistrados. A los jueces, que encima están sufriendo la sobrecarga del trabajo por esos puestos que están sin nombrar, evidentemente no les ha parecido nada bien. Yo me tenía que haber ido un año y medio antes y, sin embargo, tuve que seguir», afirma.