«No hay nada más peligroso para la vindependencia judicial que la figura del juez sustituto o interino. No por cómo hayan sido nombrados, sino por una razón elemental: porque carecen de la característica que da al juez el estatus de independencia: la inamovilidad, es decir, que su suerte profesional (su continuidad como juez) no pueda depender de que agraden o no las decisiones que adopte en el ejercicio de su cargo».
Miguel Pasquau, Magistrado y Catedrático
No ignoro que la actualidad impone sus exigencias, pero no creo que el hecho de que la carta lleve fecha del 2 de julio le reste autoridad, dada importancia del problema y, sobre todo, la relevante madurez de su autor, al que tuve ocasión de conocer, como alumno, más tarde como amigo y con el tiempo como colega y miembro de Real Academia.
Plantea un problema, que hoy algunos pretenden cuestionar: el papel de las oposiciones como vía tradicional de contraste del mérito y capacidad de los aspirantes a convertirse en funcionarios en puestos de relieve en las Administración Pública. Sin duda, respiro por la herida, dada mi condición universitaria, en la que viví –como exitosa víctima– las oposiciones de seis ejercicios y entre una decena de candidatos, así como –con asombro– el sistema actual de acceso a catedrático o titular de universidad, sin que solo hayan gozado del placer de oírle hablar en directo sus sufridos alumnos. Tales puestos son hoy, si no me equivoco, los únicos a los cabe acceder con carácter permanente sin oposición, reuniendo una selva de papeles sobre las personales andanzas, contratando incluso a alguna empresa especializada en dicho trance, y sin necesidad de competir con aspirante alguno, en un sólido contexto endogámico.
Mi buen amigo demuestra su sensatez al no cuestionar la existencia de oposiciones, para integrarse en el Poder Judicial y sus aledaños, sino que sugiere se evite una prueba de tono radicalmente memorístico, en el que el candidato, más que hablar –que, por la ya dicho, no es poco– puede limitarse a canturrear un tema reiteradamente recitado ante un preparador, sin la obligada gimnasia mental de argumentar la posible solución de un problema jurídico concreto. No dejar de señalar una situación notablemente más grave. La razonable exigencia de mérito y capacidad acaba provocando plazas vacantes, lo que no solo incrementaría los ya enojosos retrasos para el llamado justiciable. Despierta además las iras de Bruselas –no siempre cercana a la complejidad de los problemas– que considera explotado al ciudadano que, sin superar controles rigurosos, ocupa de modo indefinido una plaza funcionarial como sustituto, confiando en la existencia de una ciencia jurídica infusa o asumida por ósmosis ambiental.
Ante el inevitable acercamiento de elecciones, la presión europea y –quizá también– la férrea crisis de la alta velocidad, lo que a nuestro magistrado y catedrático –o a cualquier ciudadano con sentido común– le preocupa es que el mero hecho de haber ocupado benévolamente, como sustituto, una plaza durante años pueda convertir a alguien de modo indefinido en su titular. Desde mi deformación profesional, el asunto me preocupa, tras haber contemplado durante años a bienintencionados penenes, que dedicaban audazmente a dar clases el tiempo necesario para poder impartir con rigor su asignatura.
Entiendo, en consecuencia, que exija al ministro que «debe, pues, acabarse con la justicia interina», descartando esa «fórmula barata de tapar los agujeros de la falta de personal en la justicia», pretendiendo incluso exigir tan solo «cinco años de ejercicio en cualquier profesión jurídica»; ahorrándose hasta el trabajo de poder considerarlos juristas de prestigio, como impone el tópico.
Algo habrá que hacer para superar esta situación de penuria y lograr que la judicatura cobre el atractivo que durante años reconocieron los estudiantes de derecho a la diplomacia y, más recientemente, al doble grado con administración de empresas. Quizá pensar en incentivos que lleven eficazmente a ese cambio de mentalidad respecto a una tarea tan delicada, a desarrollar con frecuencia en escenarios ajenos a los atractivos de las grandes urbes.
Propuesta más compleja me parece «la creación de un centro público para la preparación de oposiciones»; sin bien es verdad que evita prudentemente precisar de dónde lo colgaría. A mi amigo Miguel le «avergüenza» que haya quien tema «una injerencia del gobierno en el poder judicial con la finalidad de seleccionar ideológicamente a candidatos». Algo tendrá que ver con eso la polarización que algunos alimentan. Quizá el señalar a los jueces que les resultan incómodos de haberse convertido en activistas políticos, no sea el modo más adecuado para sembrar un florecimiento de expectativas que lleve a dedicar la vida a la actividad judicial.
