La ordinalidad es un feo palabro que trata en vano de dulcificar
un reparto financiero darwinista e insolidario.
Ignacio Camacho
El término ordinalidad no encuentra acogida alguna en el texto constitucional, que –por el contrario– no se muestra nada roñoso a la hora de invocar a la solidaridad. Ya en el artículo 2, garantiza la de «todas ellas»; refiriéndose a las «nacionalidades y regiones». En el 45.2 considera «indispensable» su apoyo, para «mejorar la calidad de la vida». En el 138.1 concreta que es el «Estado» quien garantiza «la realización efectiva» de dicho «principio», para «el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español»; precisando, en el epígrafe 2, que las «diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». El 156.1 hace inseparable la «autonomía financiera» y la «solidaridad entre todos los españoles»; mientras el 158.2, con «el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales» y hacerla efectiva, establece «un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión».
En los más de tres lustros de contacto amigable en el Congreso con colegas nacionalistas, saqué la impresión de que en realidad no iban a arriesgarse a una independencia formal; me pareció que se conformaban con serlo en la práctica, incrementando sus competencias u ocurrencias, presionando al gobierno de turno. Lo confirmaría la fulminante fuga de Puigdemont –ya tan icónica como las de Bach– sin concederse siquiera tiempo para celebrarla.
Luego la cosa ha derivado a una imprevista posibilidad de chantajear a un gobierno, que sí ha celebrado su derrota electoral: prestándose a establecer de facto una relación de alquiler, en la que lo peorcito de Cataluña –sediento de cupo– disfruta de privilegios a cambio de soportar verse –burocráticamente– considerados como pertenencia española. Es lógico que se sientan okupas en territorio ajeno. Un poco menos de lo que sueña Trump para Groenlandia, pero al revés. No en vano los alcaldes de Esquerra –con un soberano síndrome de abstinencia– se han quejado de que «seguimos actuando con mentalidad autonómica»; llegando a concretar uno de ellos: «actuamos como si fuéramos una sucursal de España», implicados –dicen– «en la gobernabilidad de un Estado que nunca nos ha tratado bien». De la solidaridad ni noticia; «seguimos insistiendo en el mismo error, solucionando los problemas del resto en lugar de mirar por nuestros intereses únicamente». Se ve que todo les sabe a poco…
La solidaridad constitucional se ve suplantada por lo que la ministra Montero califica de «tendencia a la ordinalidad»; o sea, que las comunidades que más aportan al sistema, sean en todo caso las que más fondos sigan recibiendo, si al mecanismo de compensación se le va la mano. Pero, si la cosa se queda en tendencia, se preguntan –con aires de víctima– en qué consiste la ofrecida singularidad, conquistada a golpe de tambor por la democrática friolera de siete votos de trescientos cincuenta.
La singularidad se acaba traduciendo que la única comunidad que en realidad se ordinalice sería la catalana; a las demás –Madrid incluida, para mayor gozo– que les den dos duros. En concreto, se calcula que Madrid aportará al procomún 39 millones más, mientras Cataluña –que recibiría 4.700 millones más– pondría 1.456 millones menos y Baleares 194 millones, casi la mitad que antes. Para colmo, lo que se anuncia –que todas las comunidades ganan con un modelo que dota de 21.000 millones adicionales a las autonomías– es falso. No se dotan más recursos a las autonomías, se endeuda todavía más al país, con lo que ya se sabe quién los pagará. Es lógico que solo Cataluña lo haya aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
O sea, que –resumiendo– se subirían los impuestos a todos, endeudando más a España, para entregar a Esquerra su fáctica independencia financiada por todos, aunque –eso sí– con una ventaja difícilmente superable: no gobernaría la derecha. Lo que se ofrecía –en términos muy finolis– como ordinalidad, acaba resultando una zafia exhibición de ordinariez fiscal. Andrés Ollero Es magistrado emérito del Tribunal Constitucional
