«La verdad es logos que creadiálogos».
Benedicto XVI.

León XIV, en su periplo africano, calentando motores para su visita a España, ha hablado sobre la universidad. Da igual que lo haya hecho en Camerún, porque estaba refiriéndose a una institución con pretensiones de universalidad. A nadie puede sorprender que citara a uno de sus antecesores, porque, cuando se aprecia la tradición, es lógico acudir a ellos, como depositarios de razones dignas de ser tenidas en cuenta.

Tampoco, hablando de universidad y de razón, puede llamar la atención que citara también a Newmann, un prestigioso intelectual tan respetuoso de las razones, que las convirtió en fundamento de su sonada conversión al catolicismo. Razón con razón se paga, un Papa lo reconoció como doctor de la Iglesia, resaltando su magisterio.

No ha sido la cita inicial la única referencia de León XIV al papa Benedicto. Lo ha imitado anunciando su deseo de dirigirse en solemne sesión al Congreso y al Senado, como ya hizo su antecesor ante el Bundestag, el parlamento de su patria. A nadie extrañará que el reconocimiento que ese deseo implica no pase inadvertido a quien ha sido más de diecisiete años miembro del Congreso. El parlamento siempre debe ser, aunque algunos parezcan olvidarlo, la casa de la palabra y de las razones.

Del discurso del Papa Ratzinger ante el Bundestag me dejó profunda huella su alusión a que el renacimiento, en la última posguerra mundial, de unas exigencias jurídicas objetivas, no disponibles para quien ejerciera el poder. Vino a decir, como quien constata una mala noticia, que el derecho natural, que algunos habían considerado por entonces en “eterno retorno”, se había convertido después en una doctrina para católicos, no necesariamente rubricada por ellos mismos.

Ocasión tendrá el pontífice de comprobarlo si repasa las últimas leyes o sentencias que aspiran a diseñar la ética pública de nuestro país. El problema supera las estadísticas confesionales, para brindar pistas sobre lo que en nuestro ámbito cultural y educativo tiende a considerarse como razonable.

Personalmente considero que el resultado, manifiestamente mejorable, tiene que ver precisamente con cómo se enlaza diálogo y verdad. No sería justo diagnosticar como escéptica a nuestra sociedad. Conozco a muchos y destacados ciudadanos que se consideran exitosos buscadores de la verdad. Es fácil que sean aún muchos, tras decenios de Estado confesional, en los que las predominantes exigencias morales reforzaban no pocos aspectos del derecho en vigor. El diálogo podría entones parecer superfluo, ante exigencias solo muy minoritariamente discutidas.

Hoy el diálogo exige su precedencia como camino de búsqueda de la verdad. Ha triunfado el relato. De poco sirve la verdad si no estamos en condiciones de argumentarla y, durante años, no ha sido muy necesario argumentar.

Mi planteamiento, sin duda discutible, es: poner por delante la argumentación dialogada, sin dar por hecho que la verdad se defiende por sí misma, porque ya hay quien se ocupa de ello. Ello lleva consigo poner en su sitio al derecho y a la moral en su inevitable mutua relación.

El pasado miércoles santo, con no pocos españoles presentes, entre los reunidos por el congreso internacional UNIV, León XIV –enlazando con sus comentarios semanales sobre textos del Vaticano II– dedicó su discurso al papel de los laicos; han de desbordar su función en la Iglesia, para abrirla hacia el mundo; ese mundo que a más de uno nos habían presentado como enemigo del alma.

Mi dedicación profesional a la filosofía jurídica me ha llevado a tener muy claro que la virtud moral de la justicia, consiste –desde los romanos– en dar a cada uno su derecho. O sea, que no puedo ser moralmente justo si no tengo presentes los derechos de los demás y, obviamente los míos. Por el contrario, hemos sido educados en la idea de que el derecho es un mero instrumento coactivo al servicio de la moral, como si en una sociedad plural solo existiera una.

Quizá va siendo hora de que tengamos claro que no matar, no robar, no engañar defraudando y dejar en paz a las vecinas, no son exigencias morales sino obvias exigencias jurídicas (mínimo ético indispensable), sin las que no cabe una convivencia realmente humana. Como consecuencia, de estos puntos de partida jurídicos derivarán exigencias morales, defendidas por cualquier confesión religiosa razonable. Andrés Ollero. Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional | Secretario general del Instituto de España.