Andrés Ollero: «La Constitución no habla de amnistía porque entiende que España no es una dictadura»

El que fuera ponente de la sentencia sobre la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro cree que de aprobarse un perdón absoluto a los líderes independentistas, el Gobierno dejaría a los tribunales que han condenado el ‘procés’ «tan mal como el Tribunal de Orden Público de Franco»

El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Andrés Ollero mira ahora los toros desde la barrera, pero sin perder detalle. En su despacho de secretario general del Instituto de España, el que fuera ponente de la sentencia que consideró inconstitucional la amnistía fiscal del Gobierno del PP bajo el ministerio de Cristóbal Montoro habla con El Independiente sobre cómo ve el panorama político y judicial actual. No tiene duda que lo que él quiso decir en el fallo sobre la amnistía fue que esa figura no tiene cabida en el sistema democrático español. Ollero se confiesa, además, arrepentido de haber votado algunas de las sentencias del procés y revela la intrahistoria sobre por qué en 13 años no se llevó a pleno la ponencia sobre la ley del aborto.

¿Una ley de amnistía sería constitucional? 

Indudablemente hoy día está sobre el papel el asunto y es fácil encontrar a muchos colegas que están ocupándose de ello. Yo lo que noto es una abrumadora mayoría que entienden que no es Constitucional. Por ejemplo, el profesor Manuel Aragón, del que he aprendido mucho en el Tribunal Constitucional, lo ha dicho con toda claridad y yo suscribo ese pensamiento en el sentido de que se dice ‘bueno es que la constitución no habla de la posibilidad de la amnistía y por tanto podría haberla porque no lo prohíbe’. No, es que es todo lo contrario. Sería necesario que la Constitución hablara de amnistía para que eso sea posible. 

Yo he sido ponente de la sentencia sobre amnistía fiscal [la aprobada por el exministro Cristóbal Montoro] y conseguí, no sin esfuerzo, que saliera por unanimidad. La sentencia incluía algún párrafo relativo a la igualdad de los ciudadanos uno poco duro y, en fin, hubo su debate. Algunos magistrados dijeron que quizás ese párrafo se podía quitar ‘aunque yo no lo hago cuestión de principios’ y yo dije ‘pues yo sí que lo hago cuestión de principios’. Y no se quitó. 

Conseguí, no sin esfuerzo, que la sentencia [de la ley de amnistía fiscal] saliera por unanimidad. Había un párrafo sobre la igualdad de los ciudadanos duro y hubo debate

Luego, el fundamento más claro del asunto es que la Constitución sí que habla de los indultos y dice que los indultos generales no son posibles. Un indulto, como se sabe, lo que hace es simplemente eliminar el cumplimiento de la pena, pero sigue existiendo el delito, mientras que una amnistía borra el delito. O sea viene a decir que los que dijeron que había delito, se equivocaron. Eso pasa en las dictaduras, por ejemplo, por eso hubo una amnistía en España. El mero ejercicio de Derechos Humanos en su momento se consideraba delito, pero en una democracia como la de ahora no cabe decir que un golpe de Estado no sea delito.  Otra cosa es que luego se cambie la ley para intentar que las consecuencias sean menores. 

Algunos de los catedráticos de Derecho que opinan estos días, interpretan que la sentencia de la amnistía fiscal sí que abre la puerta a una amnistía. En este caso, dicen que el Tribunal Constitucional dejó claro que la amnistía fiscal no era constitucional porque no hacía iguales a todos los ciudadanos, pero -le digo lo que interpretan algunos- no tacha de ilegal la amnistía como tal, sino que habla de esa en concreto… 

Esa en concreto no, cualquiera. Cualquiera en la que se esté tratando la conducta de un ciudadano de un modo desigual a la de cualquier otro. Cualquier otro ciudadano no sería indultado por una conducta similar a lo que ocurrió en el procés. 

La amnistía sería un varapalo para España. [Los tribunales] quedarían tan mal como el Tribunal de Orden Público de Franco

Otro de los argumentos que esgrimen los favorables a la amnistía es el artículo 87 de la Constitución que habla de que una ley orgánica regulará las iniciativas populares y habla de lo relativo a la prerrogativa de gracia. En ese caso, algunos constitucionalistas defienden que aquí se insinúa la amnistía 

En absoluto. Una cosa es que una amnistía sea una medida de gracia en una circunstancia determinada y otra cosa es que toda medida de gracia suponga una amnistía. No, vamos a ver, la medida de gracia son los indultos. La propia Constitución que podía haber hablado de la amnistía sin ningún problema, no habla de la amnistía porque entiende que el sistema español no es una dictadura. Haya gobernado quien haya gobernado, lo que pasa es que algunos se comportan como si no gobiernan ellos esto es una dictadura. 

¿Una ley así sería un varapalo para lo tribunales que han condenado a los líderes del procés? 

Claro, sería un varapalo para España que ha sido una dictadura. Quedarían tan mal como el Tribunal de Orden Público en los tiempos de Franco. 

Y poniéndonos en el supuesto de que se aprobara amnistía y se recurriera al Tribunal Constitucional, ¿Los magistrados podrían imponer una medida cautelar para paralizarlo? 

Yo no me pongo en ese supuesto. Pero bueno, eso ya lo tendrá que decidir el Tribunal dentro de su prerrogativa. Realmente el Constitucional no es muy aficionado a las medidas cautelares, es fácil verlo en su trayectoria. Pero si entienden que tenga que haber una medida cautelar, pues la habrá. 

Cualquier otro ciudadano no sería indultado por una conducta similar a lo que ocurrió en el ‘procés’

Tenga en cuenta que en su momento hubo una ley que permitía el recurso previo de inconstitucionalidad que en el fondo era una medida cautelar. Por ejemplo, la primera ley de despenalización del aborto que se planteó no prosperó porque se presentó un recurso previo de inconstitucionalidad y el Constitucional entendió que no era viable esa despenalización. Entonces hubo que hacer una ley nueva con lo que había dicho la sentencia de 1985. 

Pero ese recurso previo, quizás porque se abusó un poco de él en ocasión de cualquier vulneración de derechos fundamentales, llegó un momento en el que como se había puesto por ley pues por ley se quitó. Y ya no existe.  

 

¿Cuál ha sido su momento más complicado en el Tribunal Constitucional? 

El momento más complicado para todos fueron las sentencias relativas al procés. Entonces ahí hubo un momento inicial en el que se acordó, buscando unanimidad, que hubiera una comisión. Un grupo de magistrados que estuvo encabezado por Cándido Conde-Pumpido que sugiriera una propuesta para intentar poner de acuerdo a todos. De hecho, salieron bastantes sentencias por unanimidad. 

Me he arrepentido de haber votado alguna sentencia sobre el ‘procés’. En los nueve años [en el Constitucional] ha sido el problema más difícil

Alguna de ella yo luego me he arrepentido de haberla votado porque decía alguna otra cosa que no me parece muy afortunada. Por ejemplo que Cataluña tenía el derecho a decidir pero que eso no era autodeterminación, lo cual es un disparate. Si tiene derecho a decidir lo tiene y si no no lo tiene, pero si lo tiene pues sí que es autodeterminación eso me parece obvio. Aquello era un galimatías. Y luego otra historia que era aplicar a las instituciones la idea de que nuestra Constitución no es una democracia militante en el sentido de que cualquier ciudadano puede ser republicano y decirlo públicamente. Pero eso es una cosa y otra cosa es que un Parlamento que existe gracias a la Constitución diga que ésta le importa un bledo. Evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. Creo que eso en los nueve años que yo he estado ha sido el problema más difícil. 

 

CGPJ, aborto y otros asuntos

Hay un recurso pendiente en el Tribunal Constitucional que tiene en vilo al Poder Judicial sobre si es o no constitucional limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras los vocales tienen el mandato caducado. ¿Cómo lo ve usted? 

Yo no lo veo, afortunadamente. En mi condición de magistrado emérito no puedo actuar como si fuera todavía magistrado. No debo hacerlo. 

Usted ha hecho hasta 69 votos particulares, de hecho lo ha sacado en un libro con este asunto de los que 36 disidencias fueron con los progresistas, pero otras 33 fueron con los conservadores, ¿Cree que es buena la política de bloques en el Tribunal Constitucional? 

Hombre, yo he demostrado que no y prueba de ello es que 69 veces me he desmarcado y muchas de ellas solo. No me daba ningún miedo quedarme solo. Yo creo que sería bueno que los medios de comunicación hicieran auditorías sobre cómo se van comportando los magistrados del Tribunal Constitucional. Si no, pues a uno lo ha propuesto un partido, del que yo por cierto ya no soy miembro desde hace 12 años porque me di de baja desde el principio, y resulta que ya todo lo que haga es como si desde el partido te llamaran por teléfono. 

A mí me llamaron una vez desde el Partido [Popular] para decirme que aceptaban el veto de Rubalcaba [Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente socialista del Gobierno] a que yo fuera presidente [del Tribunal], que me tocaba. Y luego otra llamada, pero esa fue de Rubalcaba para hablarme de un problema de la UGT (sonríe).

Usted hizo un voto particular en su momento diciendo cuando el Tribunal dijo que no era Constitucional que un sindicalista gritara que había que quemar la bandera. “Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las ya coleccionadas sobre cuestiones similares”, dijo

Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con motivo de una manifestación en la que se quemó una foto del rey Juan Carlos dijo que eso era libertad de expresión y por tanto no debía entenderse como delictivo. Yo ya que conocía eso dije bueno qué necesidad tenemos de que condenen a España otra vez. 

Me llamaron una vez desde el Partido [Popular] para decirme que aceptaban el veto de Rubalcaba a que yo fuera presidente

¿Considera que la ciudadanía tiene la percepción de que la Justicia está cada vez más polarizada?

No, los que polarizan son los medios de comunicación. Conozco muchísimos jueces y desde luego sería incapaz de predecir qué es lo que va a ser o lo que no va a hacer. Y conmigo no ha sido fácil predecirlo, como ya está claro. Desde luego no es bueno que parezca que hay bloques. 

Ahora ya a toro pasado, ¿Puede contarnos la intrahistoria del recurso de la ley del aborto? ¿Por qué nunca se llevó a pleno mientras estuvo usted en el Tribunal y era el ponente? 

Eso es historia del derecho, sí (se ríe). Para empezar, cuando yo llego al Tribunal el recurso lleva ya dos años allí y mi antecesora y amiga Elisa Pérez Vera [magistrada y ponente] tenía el borrador hecho para sacar la sentencia y no lo consiguió sacar. A pesar de que había una mayoría que, según los medios de comunicación, era progresista. O sea que cuando yo heredo ese asunto ya tiene historia.

Entonces, a mí lo que me pasa es una cosa muy simple. Como es lógico, para que salga una sentencia tiene que tener siete votos o por lo menos seis con el voto de calidad del presidente como ya sucedió en el año 1985. Y no hubo manera. Si hay una discusión y hay dos posiciones, la sentencia sale. El ponente si no le gusta, una de dos, o hace una ponencia nueva teniendo en cuenta lo que piensa la mayoría o incluso si considera que no está en condiciones de hacerlo puede renunciar a la ponencia y la hace otro y se acabó. Ahora, por ejemplo, en el caso este del aborto Arnaldo [Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional] inicialmente hizo un borrador y no prosperó. Sorprendentemente se hizo una nota de prensa… Jamás se ha hecho un nota de prensa porque un borrador no prospere. 

Entonces, ¿Qué pasaba? Que realmente no había dos posturas, había tres. Había un grupo de magistrados que tenían una postura determinada, había otros que estaban en contra y había unos en medio que no se decidían. Si se hubieran decidido por uno o por otro sale la sentencia, pero como no se decidían pues no hay manera.

Casualmente luego, llega un nuevo presidente y seguía habiendo una mayoría conservadora -según dicen los medios de comunicación- y no la sacaron. Vaya usted a saber por qué.  

¿Pero usted tuvo la intención de llevarla a pleno alguna vez? 

Yo tuve la intención de llevar a pleno mi borrador. Pero, lógicamente, yo como cualquier otro en esa circunstancia lo primero que hago es sondear a ver qué piensan unos y otros. Si veo que no tengo mayoría, pues no le voy a decir al presidente ‘llévalo, lévalo’. Otra cosa es que me obliguen, que yo no soy el que hace el orden del día. Pero en ningún caso me obligaron. A mí no ha habido progresista que me diga ‘oye, saca la sentencia’. Ninguno. Y los otros menos todavía. Pero claro, si hay un grupo de magistrados que entiende que lo de los plazos es compatible con la ley del 85, pues yo lógicamente no lo suscribo. Punto. 

Un magistrado del Tribunal Constitucional no está para imponer su modo de ver las cosas, sino para imponer la Constitución. Yo muchas veces voto a favor de un asunto con el que, personalmente, no estoy de  acuerdo. Pero entiendo que la Constitución es de todo. Yo no estoy de acuerdo con que un señor insulte la bandera, pero actúo en consecuencia. 

¿Cree que es bueno que los recursos se resuelvan en el momento en el que se aprueban las leyes o, como algunos magistrados defienden, considera que hay que dejar las leyes reposar y que se resuelvan cuando la ley ya ha echado a andar? 

Todo tiene un término medio. La Justicia está en un término medio. Las dilaciones indebidas no están bien, de hecho en nuestra legislación hay incluso una disminución de la pena por este motivo. Ahora, lo que tampoco puede ser es convertir las sentencias constitucionales en un linchamiento, que un asunto que está ahora mismo caldeado pues ahí se lanza el Tribunal Constitucional a las llamas. 

Hubo un momento en el que se propuso que si un grupo presentaba una proposición de ley y había dudas sobre su legalidad, se preguntara al Tribunal Constitucional sobre su legalidad. Y se dijo que ni hablar porque era meter al Tribunal en un debate parlamentario. Así que ni una cosa ni otra.

Evidentemente yo no creo que sea ejemplar que una sentencia tarde 13 años en salir, pero eso no quiere decir que tenga que salir en un plazo determinado. 

No sé si ha podido leer la propuesta del lehendakari Íñigo Urkullu sobre la reinterpretación de la Carta Magna para determinadas autonomías ¿Cree que es posible reinterpretar la Constitución? 

Yo conozco lo que he leído en los medios y por lo visto él quería que se reinterpretara por un club de comunidades autónomas. Yo soy andaluz, y claro no me hace mucha gracia que diga ‘mire usted, nos reunimos aquí unos cuantos y luego ya le preguntaremos a usted si le parece bien o mal pero ya está todo cocido’. No, no me parece. 

Sobre todo lo que no entiendo es el supremacismo cronológico. Eso de los Derechos históricos. Los Derechos históricos están en la constitución, es que si no estamos aquí con la Historia todo el santo día. Si hablan de confederación habría que remitirse a antes de los Reyes Católicos, ¿no? Esto de España ya lleva un tiempo funcionando. O sea que me ha dejado un poco asombrado. En fin, si suena progresista, pues no sé, pero la verdad yo no creo que el animal más progresista sean los cangrejos. 

Su trabajo en el Instituto de España

El Instituto de España promueve la difusión de actividades, publicaciones y noticias del Instituto y de las Reales Academias integradas que son: la Real Academia Española, de Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, de Medicina, de Jurisprudencia y Legislación, de Farmacia, de Ingeniería y de Ciencias Económicas y Financieras. «Siempre con una actitud de subsidiariedad, ayudar a las academias en aquello que reclamen, por ejemplo la asistencia de un encargado comunicación tienen esa finalidad. Porque algunas academias lo tienen muy resuelto mientras que otras menos», comenta Ollero.

«Mi función es ayudarlas en este coordinación y promover actividades», expresa. El Instituto ubicado en la zona de San Bernardo de Madrid contiene un salón de actos con un centenar de plazas en el que se hacen presentaciones de libros, ciclos interacadémicos, etc.