“La pobre Constitución lleva años pidiendo un buen repaso”

El jurista y catedrático de Filosofía del Derecho Andrés Ollero Tassara (Sevilla, 1944) acaba de publicar ‘¿Qué es el Derecho?’, que coeditan la editorial Senderos y la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ollero fue magistrado del Tribunal Constitucional y, durante 17 años, diputado del PP. Llegó a ocupar el puesto de portavoz de Educación y Justicia. La presentación del libro será en Granada, este jueves, en la Academia de Jurisprudencia.

Pregunta.–¿Qué es el Derecho?

Respuesta.–Recuerdo que cuando me plantearon la cuestión, como título del libro, lo primero que se me ocurrió fue: menuda preguntita; pero vamos a ello. El derecho es un aspecto de la actividad humana, relacionado con la convivencia con los demás. Esto nos lleva a la justicia. Y ¿qué es lo que hay que ajustar? Libertad e igualdad. Una libertad ilimitada es antijurídica por definición y una igualdad sin límites lo mismo. El individualismo que hoy arrasa, lleno de derechos y ajeno a deberes, hace mucho daño a la convivencia. Con un igualitarismo extremo ocurre igual. Se trata de aprender a vivir con los otros, no sin ellos, ni contra ellos.

P.–¿A quiénes va dirigido?

R.–Se me animó a adoptar una actitud divulgativa. Por otra parte, los aspectos que voy abordando están hoy día en todos los medios de comunicación. Algún primer lector me ha comentado que se ha reído bastante con él. Le contesté que yo también, al escribirlo. No es un ladrillo.

P.–A veces el lenguaje jurídico no lo entiende el ciudadano normal.

R.–Mi buen amigo Santiago Muñoz Machado, director de la RAE se está ocupando mucho de ese asunto. En las normas jurídicas tienen mucha importancia conceptos peculiares y exigencias formales, lo que tiende a hacerlas enrevesadas. En mis años en el Constitucional, las sentencias que elaborábamos me parecían siempre manifiestamente mejorables, desde ese punto de vista.

P.-Dice usted que el derecho no necesita ir en mayúscula. ¿Y eso?

R.–Tampoco se escribe Arte, con mayúscula, ni Economía, ni Convivencia. No creo que el derecho sea algo sagrado. Lo del Estado puede justificarse, para no confundirlo con el participio. Por otra parte, el derecho acaba siendo fruto de un trabajo interpretativo y ponderado, que no debe presentarse como algo pretencioso.

P.–Otro capítulo lo dedica a los partidos políticos y se pregunta para qué sirven.

R.–No ahorran esfuerzos para ser criticables, pero, siempre hay que plantearse la alternativa. Los partidos contribuyen a racionalizar la convivencia. Sin ellos el batiburrillo sería de órdago. Me costó ser militante y no me consideré hombre de aparato. Nunca he tenido en política un cargo a dedo. Me encargaban, sobre todo, los programas electorales; que no acababan siendo precisamente lo más importante.

P.–¿Cuál es el jurista que más se acerca a lo que se entiende por derecho?

R.–Con minúscula, desde luego… Para mí, sin duda, el juez, que es el que acaba estableciendo el sentido de lo que pone el legislador, lo que le convierte en el custodio del sentido de la convivencia social. Debo reconocer que me falta la experiencia de la abogacía, que es otro modo de colaborar en la determinación final de ese sentido de lo justo en el caso concreto.

P.–Habla usted sobre el derecho y la moral con la eutanasia al fondo. ¿Es la eutanasia un derecho?

R.–Como andaluz, no me seduce lo funerario, pero me encargaron hasta cinco veces que hiciera de portavoz en ese debate. He publicado alguna de esas intervenciones, pero no descarto hacer una crónica de los argumentos utilizados por unos y otros. La eutanasia no es un derecho sino una irresponsabilidad. En los países que han tratado el asunto en serio, reconocen no pocas víctimas, que han sido eliminadas sin contar con su consentimiento. El individualismo reinante genera una cultura de la muerte, que elimina estorbos

P.–Qué dice usted en su libro sobre el papel de la Constitución.

R.–Que la pobre lleva años pidiendo un buen repaso; y los que le quedan… Es lógico, ante la falta de experiencia previa. Lo del principio de varonía en el acceso a la Corona es de traca. La traición a la voluntad constituyente de que sean los jueces los que elijan a la mayor parte del Consejo General del Poder Judicial es lamentable. Que el gobierno nombre al fiscal general del Estado es un comprobado disparate. El baile de cuotas en la elección de los magistrados del Constitucional, y que el gobierno de turno nombre cada nueve años a dos a dedo, no favorece su obligada legitimidad. Los españoles nos merecemos que resucite el consenso.

P.–¿Algún día la corrupción tendrá sus correspondientes responsabilidades políticas?

R.–Sobre eso escribí hace treinta años. En los países con democracia madura es habitual que se produzcan dimisiones de políticos, conscientes de que han perdido la confianza social que los llevó a su puesto. Aquí esperan a que la Guardia Civil los saque de su casa. Tener poder permite repartir cargos, sin responsabilidad alguna cuando el elegido monta el escándalo. No es extraño que se detecte un descenso de nivel en la clase política, dado el creciente despego social.