El mismo diario citó en editorial uno de los pasajes más incisivos de la sentencia declarando inconstitucional la llamada amnistía fiscal -ley estrella del PP- pero, con las prisas, se le olvidó recordar que fui su ponente y logré, no sin esfuerzo, que se aprobara por unanimidad. No deja de ser chocante ver otorgar patentes de imparcialidad a quien no se esfuerza en practicarla.

         En la contraportada de mi último libro –“Votos particulares”- me he declarado “consciente de que más de un ciudadano está convencido de que los magistrados del Tribunal Constitucional reciben instrucciones de los partidos que los propusieron sobre en qué sentido resolver las cuestiones sometidas a su deliberación y votación”. Paradójicamente, esa sido la mejor arma para asegurar mi independencia.

         Me ha llevado incluso a realizar algo insólito: hacerme a mí mismo una auditoría sobre mi conducta en el Tribunal. He hecho público el resultado en la introducción del citado libro y en un cuadro explicativo final, voto por voto: he discrepado 33 veces de sentencias apoyadas por una mayoría considerada conservadora, frente a 36 discrepancias de otras con mayoría presuntamente progresista; casi empate técnico… En 7 ocasiones me adherido a votos formulados por algún presunto conservador y el mismo número a otros formulados por algún considerado progresista; mientras que he recibido 2 adhesiones a mis votos desde el campo conservador y 3 desde el progresista. Por lo demás, he coincido en 13 ocasiones con conservadores mostrando despego a la mayoría y 29 con progresistas en situación contraria.

         Se considera como síntoma de normalidad la publicación de encuestas electorales, que reflejan -y pueden favorecer- perspectivas de voto. Quizá haya llegado el momento de realizar, con idéntica normalidad, auditorías a los votos de los magistrados del Constitucional, sin esperar a que ellos mismos se animen -como ha sido mi caso- a hacerlas artesanalmente. Sería preferible eso a colgarles olímpicamente el sambenito del partido que lo propuso. Auditoría similar suele hacerse rutinariamente respecto a los gobiernos en plazos ya tradicionales de su ejecutoria. Eso sí constituiría una eficaz defensa de su independencia de los magistrados y no colgarles una escarapela, despreciando mandato tan constitucional como la presunción de inocencia.

         Lo contrario da pie a situaciones tan injustas como ridículas. Si se me busca en Wikipedia, es fácil comprobar que se recoge, como uno de los detalles más significativos de mi trayectoria, que el inefable Javier Pérez Royo pontifica que quien –sin haber ocupado jamás un puesto a dedo- ha sido elegido diputado cinco veces por sus conciudadanos, siendo cabeza de lista, no debe -nueve años después- ser magistrado constitucional. Ahora, cuando se presenta un candidato que acaba de ser ministro, guarda un ensordecedor silencio, en un alarde imparcialidad. 

         Solicito pues una tregua. Es obvio que a todos los problemas que se plantean ante el Tribunal Constitucional los acompaña -directa o indirectamente- una dimensión política. No es menos claro que un Tribunal Constitucional compuestos por expertos en matemáticas que nunca hayan hablado de política -si los hubiere- no es lo previsto por la Constitución, que no prohíbe a los magistrados de dicho Tribunal la militancia política, como sí hace con jueces y fiscales en activo. Sin duda, porque el cocimiento cercano de la vida política, lejos de ser un problema para la defender la Constitución, aporta elementos de juicio, que -unidos a una indispensable honestidad- enriquecerá su labor. Andrés Ollero. Magistrado emérito del Tribunal Constitucional.