Dice el Eclesiastés que hay un tiempo para todo bajo el sol. A él, Andrés Ollero, después de 55 años de actividad profesional, primero como profesor y catedrático, luego como diputado –17 años–, después como magistrado del Tribunal Constitucional –9 años–, y ahora como secretario general del Instituto de España (dos años, hasta ahora), le ha llegado el momento del balance profesional y también personal.
Y aunque su último libro, que acaba de ver la luz de la mano de Aranzadi, titulado «Entre el derecho y la vida pública», no es una obra de memorias –ese lo está avanzando por otro lado–, sí que es un libro de reflexiones personales y jurídicas que, desde la atalaya de la experiencia vivida que adquieren un gran valor a la vista de los acontecimientos que nos ha tocado vivir como nación.
Ollero, un sevillano con indudable sentido del humor, considera muy grave que un juez de instrucción del Supremo ordene la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado de sus móviles, iPads, correos electrónicos y documentos relevantes para la investigación.
Es una raya roja que jamás antes se había sobrepasado. «Aunque sí que hemos sido testigos de críticas y ataques a otros fiscales generales anteriores, como Úrculo y Carlos Granados… No es nuevo», subraya el magistrado emérito del máximo tribunal de garantías. Pero nada como lo que está sucediendo.
Tiene el tacto de no nombrar a Álvaro García Ortiz. Tampoco al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, también investigado. Pero constata una realidad: «Aquí nadie dimite», dice con cierta sorna. Y añade: «Se ignora lo que significa la responsabilidad política»,
«El ejercicio de la política no puede ser una trinchera de inmunidad, sino un compromiso constante con la transparencia”, afirma Ollero. Fotos: Confilegal.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA, CONCEPTO CENTRAL, SEGÚN OLLERO
Este es un concepto al que le dedica uno de los 14 capítulos de este libro. “El político que se atrinchera en el burladero de la presunción de inocencia encarna la más neta negación de la responsabilidad política”, afirma Ollero, en una clara alusión a aquellos que eluden la asunción de consecuencias políticas al ser investigados. «Es un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana y cuestiona el compromiso ético de los dirigentes».
Según explica el magistrado emérito del TC, «la política es una actividad cuyo ejercicio demanda un compromiso constante con la ciudadanía, que no puede depender exclusivamente del marco judicial, sino que requiere de una transparencia activa«.
La distinción entre las responsabilidades judiciales y las políticas es fundamental, desde el punto de vista de Ollero. “La presunción de inocencia es un derecho judicial, no un escudo político”, señala el autor. Y subraya la diferencia entre los mínimos legales que protegen a cualquier ciudadano y las exigencias éticas de quienes ocupan cargos públicos.
«La política debe ser un espacio en el que se dé prioridad a la confianza del pueblo en sus instituciones, una confianza que se ve afectada cuando los políticos evitan la rendición de cuentas amparándose únicamente en su derecho a la presunción de inocencia».
A su juicio, la presunción de inocencia es un derecho valioso que, en el ámbito político, no debería ser invocado para evitar consecuencias que afecten a la confianza pública.
Este uso de la presunción de inocencia, advierte, contribuye a la desafección de la ciudadanía y a la percepción de que la política está rodeada de opacidad e inmunidad.
“En la política, la presunción de inocencia no puede ser el único estándar de conducta”, dice Ollero, en un intento por concienciar sobre la importancia de la ética en el ejercicio de la función pública.
«La política debe ser un espacio en el que se dé prioridad a la confianza del pueblo en sus instituciones, una confianza que se ve afectada cuando los políticos evitan la rendición de cuentas amparándose únicamente en su derecho a la presunción de inocencia».
LA FALTA DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA MINA LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA
Esta evasión de la responsabilidad política, opina, no solo afecta la percepción de los individuos, sino que “mina la confianza en la política misma y promueve una cultura de impunidad”.
El autor critica cómo esta actitud contribuye a un doble estándar que favorece la impunidad de los representantes públicos y agrava el desencanto ciudadano. En sus palabras, “Cuando el político elude su compromiso con la transparencia, se refuerza la idea de que quienes ostentan el poder no están sujetos a las mismas reglas que el resto de la sociedad”.
El magistrado emérito plantea que en otras democracias avanzadas es común que los políticos, al estar bajo sospecha, renuncien a sus cargos o se aparten temporalmente para evitar perjudicar la imagen de las instituciones.
Este fenómeno -de no presentar la dimisión- explica, contribuye a que la política se perciba como un espacio de privilegios y beneficios, en lugar de un servicio a la sociedad.
El magistrado emérito plantea que en otras democracias avanzadas es común que los políticos, al estar bajo sospecha, renuncien a sus cargos o se aparten temporalmente para evitar perjudicar la imagen de las instituciones.
Sin embargo, “la dimisión se ve en ocasiones como una debilidad, en lugar de un acto de respeto hacia la ciudadanía”, señala.
Esta diferencia cultural ha llevado a que algunos políticos se mantengan en sus puestos incluso cuando están siendo investigados, lo que contribuye a un entorno de falta de responsabilidad ética.
Por eso advierte que esta situación no solo daña la credibilidad del sistema, sino que también afecta el papel de las instituciones en la construcción de una sociedad democrática y justa.
Para el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, la figura del Rey Felipe VI es un referente de integridad con el que se identifica una gran mayoría de los españoles. Foto: Confilegal.
CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA
El magistrado emérito del Tribunal Constitucional sugiere la necesidad de la existencia de un “código de conducta política” que regule de forma clara las expectativas éticas hacia los cargos públicos.
“Mientras no se establezca un marco ético claro, la política seguirá siendo un terreno de opacidad”, expone Ollero, señalando que, sin normas éticas explícitas, la sociedad queda en una posición vulnerable y a merced de la discrecionalidad de cada político.
“Renunciar no es un acto de cobardía, sino una muestra de integridad que refuerza la confianza pública”, afirma Ollero.
Para él, esta situación representa una amenaza para la transparencia y la legitimidad de las instituciones democráticas.
Y aboga por que la dimisión sea vista como un acto de integridad y lealtad hacia el sistema democrático, en lugar de interpretarse como una muestra de debilidad.
“Renunciar no es un acto de cobardía, sino una muestra de integridad que refuerza la confianza pública”, asevera. E invita a la clase política a asumir el compromiso de proteger la credibilidad de las instituciones mediante la adopción de una ética de responsabilidad y transparencia, una medida que, en su opinión, permitiría a los ciudadanos recuperar la fe en el sistema que los representa.
«Los responsables políticos deben responder a un estándar ético superior al judicial. El ejercicio de la política no puede ser una trinchera de inmunidad, sino un compromiso constante con la transparencia”, concluye.
Los cargos públicos deben asumir responsabilidades políticas cuando están bajo sospecha para fortalecer las instituciones y preservar la democracia.
Solo mediante un compromiso claro con la rendición de cuentas y la responsabilidad ética es posible construir una política más íntegra y confiable. Es su punto de vista.
